La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) expresa su más enérgico rechazo a la sentencia dictada por la Justicia de Formosa que condenó a cuatro integrantes de un equipo periodístico de La Nación y LN+ a cinco días de arresto -pena que puede ser reemplazada por una multa-, por el solo hecho de realizar una cobertura periodística de interés público en comunidades originarias de la provincia.
La resolución, basada entre otros argumentos en la supuesta falta de autorización previa y en la inexistencia de una presunta credencial habilitante para ejercer el periodismo, constituye un grave antecedente para la libertad de prensa. En la Argentina no existe matrícula obligatoria ni autorización estatal para ejercer la actividad periodística. Por el contrario, la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella garantizan el derecho a buscar, investigar, registrar y difundir información sin censura previa.
APeRA expresa su preocupación por una decisión judicial que criminaliza el ejercicio profesional del periodismo y genera un efecto intimidatorio sobre quienes investigan asuntos de interés público, especialmente en zonas donde la información resulta más difícil de obtener.
Resulta particularmente inquietante que la condena tenga origen en una cobertura relacionada con las condiciones de vida de comunidades vulnerables y que se produzca luego de denuncias sobre seguimientos, intimidaciones, retenciones policiales y otros obstáculos que los trabajadores de prensa afirmaron haber sufrido durante el desarrollo de su tarea.
La libertad de prensa no puede quedar sujeta a criterios administrativos, permisos discrecionales o interpretaciones que limiten el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando se castiga a periodistas por investigar y mostrar una realidad social, se afecta no solo a los profesionales involucrados sino también al conjunto de los ciudadanos.
Asimismo, APeRA observa con preocupación las expresiones del presidente de la Nación, Javier Milei, quien lejos de solidarizarse con colegas sancionados por el ejercicio de su labor profesional, eligió descalificarlos públicamente mediante agravios. Quienes ejercen responsabilidades institucionales tienen el deber democrático de defender la libertad de expresión aun cuando discrepen con la línea editorial o el contenido de determinadas coberturas periodísticas.
La defensa de la libertad de prensa no admite dobles estándares. Los atropellos contra periodistas deben ser rechazados independientemente del medio afectado, de sus posiciones editoriales o de las simpatías políticas de cada uno. La protección de ese derecho es una condición indispensable para la vigencia plena de la democracia.
Por todo ello, APeRA solicita la revisión de esta sentencia, expresa su solidaridad con los periodistas afectados y reafirma su compromiso permanente con la defensa del libre ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información sin restricciones ni presiones de ningún poder político, judicial o económico.
Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA).
